En las sociedades democráticas existen tres poderes, en principio, diferenciados. El primero de ellos es el poder ejecutivo, el que ejecuta las normas y gestiona los recursos conforme a las mismas. El segundo es el legislativo, normalmente un parlamento, elegido por sufragio universal y directo, por todos los ciudadanos con derecho a voto, que se encarga de redactar y aprobar las leyes, y controlar, a su vez, al poder ejecutivo. El tercero, el judicial, se encarga de que no existan abusos de poder por ninguno de los otros dos poderes, y de cumplir y hacer cumplir la legislación, los derechos y libertades fundamentales, y los principios generales de la democracia, siempre, imparcialmente.
Después, popularmente, existe el cuarto poder, ostentado por los medios de comunicación, que son los encargados de facilitarnos toda la información a la que tenemos acceso, y, que, de esta forma, controlan nuestro conocimiento, y nuestra opinión con respecto a las actitudes y acciones de nuestros representantes políticos, entre otros aspectos.
Por último, existe el quinto poder, el poder ciudadano, ese poder que parece cada día un poco más enquistado, como adormilado, pero que está ahí, deseando resurgir de sus cenizas y volver a controlar lo que siempre ha hecho, su soberanía y su opinión sobre lo que quiere que se haga con respecto a los que la forman, los/as ciudadanos/as.
